Un duro revés sufrieron el gobierno y la Fiscalía luego de que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama absolviera a varios sujetos acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Según información consignada por elmostrador.cl, tres jueces con identidad reservada emitieron un lapidario fallo desestimando la acusación de asociación criminal, argumentando que durante el juicio no se logró probar la estructura, jerarquía, dotación de recursos ni la capacidad de planificación de la supuesta banda, desvinculando a los imputados de dicho ilícito.
La falta de pruebas contundentes también desmoronó gran parte de las imputaciones por secuestro, homicidio calificado en grado de frustrado y microtráfico. Los magistrados concluyeron que en varios de los hechos los acusados no tuvieron una intervención jurídicamente relevante, que los eventos no constituían delito o que faltaron respaldos documentales básicos. A modo de ejemplo, en un caso de secuestro la policía omitió recoger declaraciones clave y no se acreditó la exigencia de pagos, mientras que en la acusación por drogas ni siquiera se logró corroborar científicamente que la sustancia incautada fuera ketamina.
Pese a las masivas absoluciones que permitieron a cuatro acusados salir caminando del tribunal en libertad, la justicia sí dictó condenas específicas para el resto del grupo, todos de nacionalidad venezolana. Héctor Acosta y Bony Galindo fueron sentenciados a siete años y medio de presidio por secuestro agravado. A esto se sumaron penas por tenencia de arma prohibida e ilegal de fuego para el propio Galindo, junto a Ender Morales y Jhojan Salazar, quienes recibieron castigos de cuatro y tres años adicionales, respectivamente.
Frente a este escenario judicial, la abogada defensora de Salazar y Galindo, Trinidad Parra, fue categórica al descartar que sus representados pertenezcan al Tren de Aragua. La jurista atribuyó el fracaso probatorio del Ministerio Público a un intento forzado de unificar casos distintos en un solo proceso y cuestionó duramente el estándar investigativo de la PDI y Carabineros, asegurando que para condenar a alguien se deben probar los hechos más allá de toda duda razonable, «y acá eso sencillamente no ocurrió»