La arquitecta María Alejandra Rivera Castillo, quien se desempeña en la Municipalidad de Calama desde el año 2012, ha interpuesto una demanda por indemnización de perjuicios por daño moral, alegando haber desarrollado una enfermedad profesional debido a un hostigamiento laboral sistemático. En su acción judicial, la profesional detalla un entorno laboral caracterizado por actitudes hostiles, obstrucción deliberada de sus funciones por parte de la Secretaría de Planificación (SECPLAC) y aislamiento profesional. Estos hechos, según señala, han escalado a graves acusaciones anónimas y situaciones de intrusión en su equipo de trabajo, sin recibir apoyo institucional a pesar de haber reportado los incidentes.
El estado de salud de la demandante se ha visto gravemente afectado, presentando síntomas físicos y psicológicos que han derivado en un trastorno de adaptación diagnosticado por la Mutual de Seguridad, entidad que identificó la «hostilidad de pares» como el factor de riesgo específico. Producto de este padecimiento, Rivera Castillo ha requerido tratamiento farmacológico continuo y ha manifestado un profundo deterioro en su calidad de vida y seguridad profesional. La demandante subraya que la institución ha hecho caso omiso a las instrucciones de la entidad aseguradora sobre la obligatoriedad de readecuar su puesto de trabajo, obligándola a continuar bajo las mismas condiciones hostiles.
En el ámbito jurídico, la demanda sostiene que la Municipalidad de Calama ha incumplido su deber de seguridad y protección hacia la trabajadora, conforme a lo establecido en el Código del Trabajo y la Ley 16.744. La actora argumenta que el empleador tenía a su disposición diversas herramientas preventivas, las cuales fueron ignoradas, optando por una actitud pasiva ante los evidentes factores de riesgo psicosocial. Por lo anterior, se solicita una indemnización por daño moral de $60.000.000, además de reajustes e intereses, fundamentando este monto en la jurisprudencia laboral reciente para casos similares.
En relación con este proceso, el asesor jurídico de la Municipalidad de Calama, Franklin Muñoz Mamani, confirmó que el municipio ha sido notificado de la demanda interpuesta por la profesional. El abogado señaló que, ante la judicialización de la materia, la institución se encuentra en la etapa de recopilación de todos los antecedentes pertinentes para articular su defensa en la audiencia preparatoria, programada para el 16 de diciembre. Muñoz enfatizó que, por razones de reserva, no puede detallar la estrategia jurídica que adoptarán ni referirse a los pormenores de los hechos narrados hasta que la demanda sea contestada.
Respecto a la situación laboral de la funcionaria, quien continúa desempeñando sus funciones como Asesora Urbanista, el asesor jurídico indicó que ella mantiene su vínculo contractual con la municipalidad y tiene el derecho legal de emprender acciones judiciales. Asimismo, aclaró que la demanda presentada por Rivera Castillo es una acción de naturaleza ordinaria enfocada en la indemnización de perjuicios y no se vincula con otros procesos internos que se desarrollan actualmente en la entidad municipal.
En cuanto a los otros procedimientos internos que han cobrado notoriedad, Muñoz desestimó cualquier conexión con la demanda de la arquitecta. Puntualizó que los sumarios administrativos instruidos por el alcalde, ya sea respecto a otros funcionarios o dependencias como la Dirección de Obras Municipales, responden a situaciones y denuncias totalmente independientes. El asesor jurídico recalcó que estos son procesos distintos, derivados de instrucciones de entes como la Contraloría General de la República, y que, por lo tanto, no deben confundirse con la acción legal interpuesta por la profesional demandante.
Al ser consultado sobre las eventuales consecuencias para los funcionarios involucrados en caso de que la demanda sea acogida, Muñoz fue cauto, calificando de aventurado anticipar sanciones administrativas. Explicó que primero es necesario observar cómo se desarrolla la defensa del municipio y qué resuelva finalmente el tribunal, puesto que existen diversas instancias y la posibilidad de que los trabajadores sean absueltos si se determina que no tienen responsabilidad. El asesor reafirmó el compromiso de la unidad jurídica por defender los intereses de la municipalidad, manteniendo la rigurosidad necesaria en el manejo de los fondos y recursos públicos.
Finalmente, el abogado subrayó que la institución se rige por principios de transparencia y legalidad en sus procesos, indicando que, independientemente de los resultados de esta demanda, la municipalidad se encuentra obligada a actuar bajo la normativa vigente y en respeto a los derechos de sus funcionarios. Muñoz insistió en que el municipio, como entidad pública, debe seguir los conductos regulares y ser extremadamente cuidadoso con la información pública y reservada, por lo que evitó emitir juicios sobre las posibles resoluciones que se tomen una vez concluida la instancia judicial.