El sueño de la vivienda propia y el resguardo del patrimonio familiar se han transformado en una pesadilla judicial para decenas de habitantes de Calama. Lo que inicialmente parecía ser una gestión legítima a través de corredoras de propiedades respaldadas por ejecutivos bancarios, ha quedado al descubierto como una sofisticada red de engaños que opera de manera transversal. El caso, que ya suma querellas criminales en los tribunales calameños, apunta directamente a una organización familiar liderada por Yúrsula Soto Cruz y secundada por un entramado de brokers, intermediarios y profesionales negligentes.
El modus operandi de este grupo delictivo combinaba la suplantación de convenios institucionales con una agresiva manipulación psicológica. Las víctimas, captadas en momentos de alta vulnerabilidad financiera o tras herencias familiares, eran derivadas hacia la organización mediante recomendaciones de terceros que gozaban de su total confianza. Una vez dentro del circuito, la red utilizaba documentación apócrifa de inmobiliarias inexistentes, revisiones de tasadores ficticios y la supuesta apertura de productos bancarios en línea para justificar la exigencia inmediata de millonarios depósitos bajo el concepto de «pies de vivienda» o «resguardos de crédito».
Para Jarit Henríquez, una de las principales afectadas en Calama, el calvario comenzó el 10 de enero de 2022, cuando acudió a su sucursal bancaria habitual buscando financiamiento para una propiedad de 80 millones de pesos. Ante la negativa de un crédito completo por su nivel de renta, su entonces ejecutiva de confianza, identificada como K.C., le recomendó de forma directa los servicios de Yúrsula Soto Cruz, asegurándole que era una gestora experta en subsidios estatales DS1 y DS19. Henríquez, confiando en el respaldo institucional que significaba la recomendación de su ejecutiva, contactó a la mujer sin sospechar que ingresaba a una trampa planificada.
La puesta en escena de la organización fue inmediata y meticulosa para ganarse la credibilidad de la víctima. Soto Cruz asignó formalmente a J.B. como la broker a cargo del caso, simulando operar bajo el alero de una supuesta firma denominada «Administradores Andes Inmobiliaria». Bajo este engaño, Henríquez realizó un primer depósito por 9 millones de pesos el 24 de enero de 2022, al que posteriormente se sumaron cobros sucesivos de 8 millones 100 mil pesos para un tasador y prórrogas destinadas a evitar que el crédito supuestamente «se diera de baja» en el sistema.
La red no solo simulaba la tramitación de papeles, sino que utilizaba a terceras personas dentro del sistema financiero para validar el fraude en la práctica. Durante el proceso, Henríquez fue contactada por M.P.C., una ejecutiva bancaria que operaba desde La Serena, quien le coordinó la entrega física de productos financieros en la sucursal de Calama para mantener la apariencia de legalidad. Incluso, la organización llegó a simular el pago de un «bono solidario de espera» por 2 millones de pesos para aplacar las dudas de la afectada ante las constantes demoras en la entrega de la vivienda.
El engaño escaló a niveles críticos cuando la primera propiedad habitacional se cayó debido a supuestos problemas documentales internos. Fue en ese momento cuando Yúrsula Soto Cruz citó personalmente a Jarit Henríquez en un segundo inmueble ubicado en el sector de Osvaldo Muñoz, convenciéndola de que esa propiedad, compuesta por cuatro departamentos independientes, se pagaría sola mediante arriendos. Tras firmar un documento notarial de prohibición de venta ante el notario San Miguel Jiménez y ser contactada por otra ejecutiva llamada N.R.R, Henríquez terminó entregando una suma total de $42.090.000, perdiéndolo todo.
El impacto de esta estafa no solo desestabilizó la economía de Henríquez, quien debió abandonar su empleo formal para dedicarse a un emprendimiento mientras continúa pagando créditos de fondos que nunca existieron, sino que afectó gravemente su salud. «Psicológicamente estoy mal; pasé una situación súper difícil, quedé embarazada y tuve que enfrentar los llamados de esta señora en un proceso doloroso», relató la víctima, quien hoy exige que el Ministerio Público actúe con celeridad frente a lo que califica como un «clan de mafiosos miserables» que destruyó el sueño habitacional de su madre.
A pocos kilómetros de distancia, bajo una modalidad distinta pero ejecutada por los mismos nombres, Don Oglido Castillo se convirtió en otra de las víctimas emblemáticas de este grupo durante el año 2023. En su caso, la necesidad familiar de adquirir una parcela en la ciudad de Arica lo llevó a vender una propiedad que mantenía como herencia en Calama. El contacto inicial con la red se gestó a través de Yuvinza Campillay Ramírez, una conocida de la familia que trabajaba en la empresa Géminis y quien avaló públicamente el supuesto éxito financiero de Yúrsula Soto Cruz en la duplicación de capitales mediante fondos mutuos.
En la transacción de la venta de la casa heredada por 93 millones de pesos, entró en escena Jessica Soto Cruz, madre de Yúrsula, operando como supuesta corredora de propiedades en una notaría de la calle Sotomayor. La organización cobró una comisión de corretaje del 13%, equivalente a 13 millones de pesos en efectivo, una cifra completamente fuera de los márgenes del mercado. Bajo la promesa de recuperar con creces ese dinero, Castillo y su madre entregaron mediante vales vista un capital adicional de 25 millones de pesos a la cuenta de la broker J.B.P. para supuestas inversiones.
Consciente de la envergadura de los montos transados, Oglido Castillo exigió garantías legales y logró que la organización firmara pagarés de respaldo: tres documentos por un total de 125 millones de pesos a nombre de J.B. y uno por 50 millones a nombre de Yúrsula Soto Cruz. Sin embargo, al iniciar el proceso de cobro, la estructura legal de los documentos comenzó a desmoronarse. El pagaré emitido por Soto Cruz fijaba como domicilio legal la calle Huérfanos 1055 en Santiago, una dirección que correspondía a una galería comercial masiva sin ninguna oficina específica a su nombre.
Las irregularidades más graves se detectaron en los pagarés firmados por J.B. en la Notaría Gemmel de Calama, ubicada en calle Vargas. Al intentar protestar los documentos en Santiago, los abogados confirmaron que los pagarés estaban mal emitidos de origen: el notario calameño omitió certificar la firma de la deudora y la tasa impositiva fue cancelada mediante estampillas de tesorería, un método en desuso legal desde hace años. Al ser increpado por Castillo, el personal de la Notaría Gemmel minimizó el hecho calificándolo como un error de tramitación menor, desatendiendo la gravedad del resguardo de fe pública.
Ante los primeros indicios de acciones legales, la red activó una estrategia de contención judicial para eludir las cárceles del país. Oglido Castillo fue citado a diversas reuniones en Santiago por un abogado de la organización identificado como César Vásquez, quien intentó forzar la firma de un acuerdo de compromiso de pago. Tras asesorarse penalmente, Castillo rechazó el documento al percatarse de que el objetivo real del jurista era traspasar el conflicto desde la jurisdicción penal por estafa hacia la justicia civil, diluyendo así la responsabilidad criminal y permitiendo que las imputadas pagaran deudas inexistentes solo con su patrimonio insolvente.
La magnitud de la estafa obligó a Castillo a estampar querellas criminales definitivas a través del abogado Christian Castro. La exposición pública del caso en medios televisivos provocó un efecto dominó, permitiendo que al menos 22 personas damnificadas en la zona norte contactaran a Castillo para denunciar que habían sufrido idéntico patrón delictivo. Las indagaciones de las propias víctimas han establecido trazas de la red que llegan hasta Concepción, involucrando nexos familiares directos, como un ejecutivo del Banco Santander en Santiago identificado como José Muñoz, primo del esposo de la líder de la banda.
Hoy, el Ministerio Público se enfrenta a una de las redes de fraude inmobiliario y financiero más organizadas de la última década en la macrozona norte. Mientras las víctimas directas como Jarit Henríquez y Oglido Castillo intentan reconstruir sus vidas y economías familiares tras pérdidas que en conjunto superan los cientos de millones de pesos, el clamor por justicia en Calama se intensifica. La comunidad exige que la investigación penal no solo caiga sobre el clan familiar de las Soto Cruz, sino también sobre las responsabilidades administrativas de los bancos y las notarías locales que permitieron que este grupo actuara con total impunidad.