La Ley de Royalty Minero, que establece una nueva carga tributaria a la gran minería del cobre en Chile, ha completado su primer semestre de implementación con resultados que contrastan significativamente con las advertencias de la industria minera privada.
Promulgada por el Presidente Gabriel Boric en mayo de 2023 y en plena vigencia desde enero de 2024, esta normativa ya está canalizando recursos hacia las comunas chilenas a través de tres fondos principales: el Fondo Comunas Mineras, el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial y el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo.
La idea fue puesta sobre la mesa en 2018 por el Senador Esteban Velásquez, que representa a la Región de Antofagasta, principal zona minera del país. “Durante el extenso proceso legislativo, representantes de la industria minera vaticinaron graves consecuencias, desde pérdida de competitividad y freno a las inversiones, hasta cierre de operaciones y despidos masivos. Sin embargo, a más de seis meses de su entrada en vigor, no se han materializado estos escenarios: la inversión minera continúa activa y los precios favorables del cobre han mitigado el impacto de la nueva tributación”, sostuvo el legislador.
Velásquez destacó la importancia de “avanzar hacia una minería sustentable, con perspectiva medioambiental y respetuosa de las comunidades donde se emplaza”. Para el legislador, el royalty representa un paso fundamental para que la riqueza generada por los recursos naturales beneficie directamente a las localidades donde se extraen.
“Si bien es temprano para una evaluación definitiva, la implementación inicial de la ley demuestra que es posible establecer un nuevo equilibrio entre la rentabilidad del sector minero y una distribución más equitativa de sus beneficios para el desarrollo territorial de Chile”, concluyó.