Una exhaustiva auditoría al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló graves irregularidades en el uso de recursos y la ejecución de contratos para el Censo de Población y Vivienda 2024, abarcando el periodo entre agosto de 2023 y abril de 2025. Entre los hallazgos más alarmantes, se detectó que la institución contrató a 16 personas que contaban con antecedentes penales por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. En seis de estos casos, los trabajadores presentaron certificados que omitían dichas causas sin que el INE validara los documentos, mientras que en los otros diez contratos, el organismo ni siquiera contaba con la información ni pudo acreditar haberla solicitado.
La fiscalización también dejó al descubierto serias falencias en el control migratorio del personal, tras comprobarse la contratación de 14 ciudadanos extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en Chile al 31 de diciembre de 2023, al no contar con residencias vigentes ni trámites de regularización en curso. El escenario es aún más complejo dado que cinco de estas personas correspondían a exresidentes a quienes se les había revocado el permiso por diversos motivos, destacando el caso de uno de los contratados que registraba una orden de expulsión administrativa vigente del territorio nacional.
En materia de probidad y transparencia, la auditoría detectó un eventual conflicto de interés que infringe la Ley N° 20.880. Se descubrió que una exasesora del Censo 2024, vinculada al INE hasta agosto de 2024, actuó como experta en la comisión evaluadora de una millonaria licitación pública. Dicha Central de Medios fue adjudicada a la firma Dittborn y Unzueta S.A. por un monto de $1.700 millones de pesos, empresa donde la mencionada asesora figuraba como representante legal de McCann Erickson S.A., entidad que posee el 60% de participación en la sociedad que resultó ganadora del proceso.
Finalmente, el informe financiero cuestionó el destino de fondos públicos debido a la falta de acreditación de funciones en terreno. En total, 581 personas contratadas bajo la modalidad de honorarios para desempeñarse como censistas —cuya tarea fundamental era recopilar los datos de los residentes en sus áreas asignadas— no lograron comprobar la prestación efectiva de sus labores. A pesar de reportar la realización de entrevistas presenciales mediante el uso de dispositivos móviles oficiales, no existen respaldos de su ejecución, traduciéndose en un pago irregular que asciende a $166.356.508 pesos.