Un tenso escenario se vive en la comuna tras la realización de la cuarta sesión de la mesa para el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA), donde organizaciones ciudadanas y profesionales locales denunciaron graves falencias estructurales en el informe técnico que sirve como base para el diseño de las futuras medidas ambientales.
Sergio Chamorro, abogado de la agrupación medioambiental Yareta, calificó la situación como frustrante y compleja, revelando que tras un minucioso análisis se detectaron al menos diez errores críticos en el documento elaborado por una consultora externa contratada con fondos públicos estatales.
El principal punto de alarma e ímpetu de las observaciones radica en un error de modelación climática dentro de la «rosa de los vientos». De acuerdo con lo detallado por Chamorro, el informe sostiene erróneamente que el viento predominante en Calama proviene del norte, en circunstancias que múltiples estudios previos y la propia actividad de la gran minería demuestran de manera científica que la dirección real es suroeste. Esta equivocación resulta fatal para el éxito del plan, puesto que altera completamente el cálculo de dispersión de los contaminantes y erradica la posibilidad de identificar con precisión qué poblaciones y sectores habitacionales se verán más afectados por las emisiones.
Ante la contundencia de los cuestionamientos presentados por la ciudadanía y los profesionales de la Municipalidad de Calama, las autoridades gubernamentales debieron paralizar el proceso. El abogado penalista y ambiental informó que la Seremi del Medio Ambiente y el Delegado Presidencial Regional acogieron la solicitud comunitaria de poner en «pausa» las mesas de trabajo vigentes. La medida busca congelar el avance del cronograma hasta que se constituya una mesa técnica de auditoría que revise con lupa los datos errados y proceda a las rectificaciones necesarias antes de la fecha límite de entrega del anteproyecto, fijada para septiembre.
A los errores de modelación se suman profundas inconsistencias respecto a la viabilidad de las soluciones propuestas. El informe diagnostica una brecha crítica de 100 kilómetros lineales de rutas urbanas que requieren pavimentación urgente para mitigar el polvo en suspensión, pero la propuesta del plan apenas contempla avanzar a un ritmo de 5 kilómetros anuales. Chamorro fustigó esta medida advirtiendo que, en un horizonte de ejecución de diez años, solo se lograría cubrir la mitad del requerimiento, dejando un 50% de las arterias críticas sin intervenir, lo que anula cualquier impacto real en la salud de la población loína.
Asimismo, la agrupación Yareta apuntó a una flagrante contradicción de gobernanza institucional en el documento. Por un lado, el informe le asigna una carga masiva de responsabilidades operativas e inversiones a la Municipalidad de Calama, tales como la mantención de áreas verdes, arborización, pavimentación de veredas y la recuperación del Río Loa, pero por el otro, califica explícitamente a la misma casa edilicia como una institución de «gobernanza frágil», sobrecargada de trabajo y atrapada en procesos burocráticos internos. Para los ambientalistas, resulta insensato delegar el éxito del plan a un organismo cuyas propias limitantes operativos quedan expuestos en el mismo texto.
Finalmente, el representante de la agrupación manifestó su profunda preocupación por el nulo seguimiento estatal de las actuales medidas de mitigación en la zona, acusando que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) solo mantiene reportes de fiscalización actualizados hasta el año 2024.
Sergio Chamorro recalcó por último que, «la comunidad organizada se mantendrá firme y no aceptará un plan mal diseñado, los errores del pasado ya provocaron que el Tribunal Ambiental anulara un decreto anterior. Existe plena voluntad científica para subsanar los datos falsos y evitar que a los calameños se les imponga, una vez más, un instrumento ineficaz».