Por Iván Silva – Médico Pediatra Social
1. Introducción: El Síntoma y el Ruido
En los últimos días, la responsabilidad penal juvenil ha vuelto a ocupar la palestra mediática y las redes sociales. El detonante: dramáticos hechos criminales protagonizados por adolescentes que han generado una legítima y comprensible preocupación ciudadana por la seguridad. El miedo, cuando es profundo, pide respuestas simples. Y la respuesta instantánea y popular no se ha hecho esperar: «que se pudran en la cárcel», «bajemos la edad de imputabilidad a los 14 años».
Como pediatra social, con conocimiento del ciclo de vida y del desarrollo infantojuvenil, veo esta propuesta no como una solución, sino como la certificación de la rendición del Estado y de la sociedad adulta. Es el reconocimiento explícito de nuestra incapacidad para prevenir y nuestra comodidad para castigar.
Utilicemos una analogía médica: si un niño llega a la urgencia con una neumonía grave, el médico no se limita a castigar la tos. Busca la causa profunda: el virus, la bacteria, la exposición al frío, la desnutrición. Bajar la edad penal es exactamente eso: castigar la tos (el delito) mientras se ignora la infección estructural que la provoca. Es un acto de negligencia social que solo promete agravar la enfermedad.
2.Las Capas Omitidas por la Mirada Punitiva
La mirada puramente punitiva observa un acto individual y aislado. La Pediatría Social, en cambio, diagnostica un ecosistema enfermo. Disequemos, capa por capa, las raíces profundas que el debate público omite:
A. La biografía antes que la biología: El trauma invisibilizado
La neurociencia es clara: la corteza prefrontal, sede del control de impulsos y la planificación a largo plazo, no termina de madurar sino hasta los 21-25 años. Pedir responsabilidad penal adulta a un cerebro de 14 años es biológicamente absurdo y contradice la evidencia científica. Pero más allá de la biología, está la biografía. Cada adolescente en conflicto con la ley, en su gran mayoría, acarrea una historia de trauma complejo: negligencia severa, violencia intrafamiliar, abuso sexual, deserción escolar forzada por la pobreza. No hablamos de «monstruos» que nacieron, sino de niños a quienes el Estado y la comunidad les fallaron sucesivamente.
La pregunta incómoda que el debate no se hace es: ¿cuántos de estos jóvenes fueron primero víctimas antes de ser victimarios? Y, cuando lo fueron, ¿qué hizo el sistema de protección (antes Sename, hoy Mejor Niñez) para rescatarlos? La respuesta, en demasiados casos, es poco, tarde y mal. El castigo penal llega a poner el último clavo en el ataúd de una vida que ya había sido sentenciada por el abandono.
B. El fracaso del hábitat: La violencia como lenguaje
Un niño no elige nacer en una población donde el narcotráfico es el único empleador, el modelo aspiracional y el regulador social. En contextos de exclusión territorial extrema, el delito no es una desviación moral individual, es una estrategia de supervivencia y pertenencia. Se convierte en una forma brutalmente lógica de obtener identidad, respeto e ingresos en una sociedad que ya los ha excluido de la educación de calidad, la vivienda digna y el trabajo formal. Es lo que los sectores conservadores omiten en sus análisis: se «patologiza» al joven, pero se normaliza un modelo económico y territorial que produce ghettos de exclusión. Se condena el síntoma violento mientras se celebra el sistema que lo fabrica.
C. La orfandad institucional: La «puerta giratoria» explicada
La solución punitiva se vende como «mano dura», pero nuestro sistema actual ya es una fábrica de reincidencia. Encerrar a un adolescente en recintos sin un enfoque psicosocial profundo, o en contacto con adultos, no es otra cosa que un posgrado del crimen. Esta estrategia destruye sus redes afectivas, interrumpe definitivamente su educación y lo estigmatiza de por vida. Bajar la edad penal es simplemente agrandar la pecera sin cambiar el agua podrida. La verdadera «mano dura» contra el delito juvenil sería invertir masivamente en programas de justicia restaurativa, en salud mental comunitaria —que hoy está colapsada— y en una reinserción educativa y laboral real, que le ofrezca al joven un proyecto de vida alternativo al delito.
D. El adultocentrismo y la hipocresía social
Exigimos a los jóvenes un control de impulsos y una probidad que la sociedad adulta no demuestra. Evasión de impuestos masiva, corrupción política, violencia en el tránsito, deudores de pensiones de alimentos, y una abierta impunidad para los delitos económicos de «cuello y corbata». ¿Con qué autoridad moral una sociedad que normaliza esta corrupción sistémica le exige virtud a un adolescente sin oportunidades? Es fácil colegir que se busca un chivo expiatorio perfecto: el joven, pobre y de población. Es más sencillo encerrarlo que enfrentar los privilegios y la desigualdad estructural que el mundo adulto perpetúa. El reclamo de «bajar la edad» es, en el fondo, un grito de hipocresía.
3. La propuesta desde la Pediatría Social: Una cirugía mayor y ética
No podemos quedarnos solo en la crítica. Debemos mostrar que hay un camino ético, efectivo y que exige mucho más coraje que el populismo penal:
- Cambiar el foco: De la seguridad ciudadana a la seguridad humana. Un niño con educación parvularia de calidad, con salud mental garantizada y con un adulto cuidador protegido, es un niño que difícilmente tomará un arma. La prevención no es un gasto, es la inversión más rentable para una paz social duradera. Cada peso invertido en la primera infancia se ahorra en construcción de cárceles.
- Justicia Terapéutica y Restauradora: Que el joven se enfrente al daño causado, comprenda su impacto, lo repare y se reinserte. Este proceso es mucho más exigente y transformador —para la víctima y para el victimario— que el simple acto mecánico de encerrar y olvidar.
- Responsabilizar al Estado: Exigir que el Estado cumpla de forma integral la Convención de los Derechos del Niño, que ha suscrito. No se puede pedir responsabilidad penal a un sujeto de derechos al que previamente le hemos negado todos los demás: vivienda, salud, educación, familia y protección. La primera deuda es del mundo adulto y sus instituciones.
4. Conclusión: ¿Qué tipo de sociedad queremos ser?
Bajar la edad penal no es una política de seguridad; es una declaración de principios como país. Es declarar que renunciamos a integrar, a sanar y a educar, y que optamos por la vía más primitiva: excluir y vengarnos. Desde la Pediatría Social, pretendiendo enarbolar una voz ética que contrarreste la demagogia con evidencia científica y humanidad, no pedimos impunidad. Pedimos responsabilidad. Una que sea proporcional, educativa y, sobre todo, acompañada de la responsabilidad ineludible del mundo adulto de construir una sociedad donde ser joven no sea sinónimo de peligro ni de abandono.
Cuando un niño de 12 años es reclutado por una banda, la pregunta que nos define como sociedad no es «¿cómo lo castigamos?». La pregunta es: «¿estamos frente a un peligro para la sociedad, o frente a la prueba más dolorosa de nuestro fracaso colectivo?». La respuesta a esa pregunta define el futuro de todos.