En Calama, se realizó la tercera sesión del Comité Operativo Ampliado (COA), en donde se expuso el “Estudio de Antecedentes y Actualización del Inventario de Emisiones”, insumo técnico clave que propone medidas concretas en ámbitos críticos como la minería, la movilidad sostenible, la infraestructura urbana, la educación ambiental y soluciones basadas en la naturaleza.
Para asegurar una ejecución eficiente, el trabajo se organizará a través de seis mesas técnicas compuestas por 19 servicios públicos, quienes colaborarán estrechamente para transformar los datos del estudio en políticas de alto impacto. Este esfuerzo coordinado busca responder a la urgencia ambiental de Calama, integrando no solo la visión estatal, sino también las necesidades levantadas por los dirigentes sociales y la comunidad organizada presente en la instancia.
En paralelo al desarrollo del PDA, se anunció la implementación del Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS), el cual será gestionado por el Consejo para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS). Esta nueva gobernanza local, que reemplaza a la mesa de Transición Socioecológica Justa, integrará a la sociedad civil y a diversos actores locales para priorizar medidas provisionales y complementarias que aceleren la mejora de las condiciones socioecológicas de la comuna.
Respecto al cronograma, la autoridad ambiental enfatizó el compromiso gubernamental para concluir el anteproyecto en septiembre del presente año, a pesar de que la fecha límite establecida es febrero de 2027. Esta celeridad responde al objetivo de avanzar con prontitud en la gestión de un instrumento considerado fundamental para la salud y el bienestar de los habitantes de Calama y su zona circundante.
Finalmente, el proceso de elaboración contemplará etapas de participación ciudadana vinculantes para garantizar la transparencia y legitimidad del plan. Tras la entrega del anteproyecto, se abrirá un periodo de consulta pública de tres meses, fase tras la cual se procederá a la redacción del proyecto definitivo, el cual cuenta con un plazo estimado de seis meses para su finalización y consolidación normativa.